La
iniciativa del Gobierno del llamado “IVA de caja” que nació el año pasado con
el propósito de evitar el adelanto del IVA de las facturas no cobradas por
parte de los autónomos, ha fracasado. La intención era buena; para el autónomo
supone el no perder líquido actual, el cual muchas veces ni siquiera se
recuperaba debido a la morosidad (el principal motivo de la propuesta).
El
gobierno barajaba estimaciones bastante optimistas, y anunciaron la medida como
un futuro éxito para la economía de los autónomos. Sin embargo, a falta de
confirmación, parece que solo se han acogido a la misma cerca de 5.000
autónomos de los 40.000 que esperaba el gobierno. Y eso que éste prorrogó el
plazo para acogerse a la inscripción para los autónomos en funcionamiento del
31 de diciembre al 31 de marzo.
La
razón principal del fracaso es bien sabida por el tejido empresarial: los
autónomos y empresas que contraten a autónomos acogidos al IVA de caja, deben
esperar a declarar el IVA al momento en el que se realiza el pago-cobro de las
cantidades, teniendo que realizar gestiones contables nunca vistas hasta ahora
mediante el llamado “doble criterio contable”. Eso lleva, sobretodo a las
grandes multinacionales, a elegir dentro de la alta competencia en los
servicios, a autónomos con o sin IVA de caja, llevando a la posibilidad de
discriminación.
El
mes que viene, cuando acabe el plazo prorrogado para acogerse, se verán las
cifras definitivas, que no variarán mucho de las indicadas por ahora. El
problema de fondo es que quienes legislan en materia tributaria no suelen vivir
el día a día de la actividad económica a pie de calle.
En Mi Gestoría Online,
de nuestros clientes autónomos, ninguno se ha acogido a la medida, y no la
recomendamos.
